Una antinomia anacrónica

¿Por qué se enfrentaron Buenos Aires y el resto del país en el siglo XIX? El historiador Chiaramonte encuentra en esta tensión un complejo dilema político que fue malinterpretado y magnificado en el tiempo y que merece ser clarificado.

POR JOSE CARLOS CHIARAMONTE por Revista Ñ

Los conflictos entre las llamadas “provincias argentinas” durante el siglo XIX suelen padecer enfoques anacrónicos que los reducen a una mera rivalidad entre “porteños y provincianos” o los juzgan como antagonismos entre un espíritu nacional y otro extranjerizante. Esos anacronismos se apoyan en un conjunto de interpretaciones también extemporáneas del lenguaje político de la época. Pese a ya haber expuesto algunos de estos argumentos, quiero volver sobre ellos porque me parece que reunidos ayudan a enfocar mejor no sólo acontecimientos tales como el combate de la Vuelta de Obligado sino también el conjunto de la historia política del siglo XIX.

El primero de esos anacronismos que merecen destacarse consiste en suponer que las “provincias”, por ser llamadas así, eran partes de una nación. En los comienzos del siglo XIX, la palabra provincia era un término muy vago que el lenguaje de la administración española utilizaba para referirse a territorios lejanos y de diversa conformación. “Provincia –explicaba Rafael Altamira en su diccionario de términos usados en los documentos del período colonial– fue el territorio, a veces muy extenso, gobernado por una de las autoridades supremas e independientes entre sí que creó el régimen colonial. Esos territorios fueron llamados también virreinatos y gobiernos”, pero asimismo se utilizaba para designar “las divisiones interiores de los virreinatos y de los grandes Gobiernos.” Tal era el sustrato del uso de la palabra provincia en la denominación “Provincias Unidas de los Países Bajos”, expresión adoptada en esos territorios al sacudir la dominación española y que también se encuentra luego en el primer nombre de la proyectada nación rioplatense: “Provincias Unidas del Río de la Plata.”

Hacer la nación

Al iniciarse en 1808 el derrumbe de la monarquía española y comenzar el movimiento hacia la independencia, las partes componentes del Virreinato del Río de la Plata consistían en ciudades que eran también cabeceras de los territorios que las circundaban. El propósito, para algunos, de lograr mayor autonomía o, para otros, plena independencia, generó dos tendencias aparentemente opuestas aunque en realidad conciliables. Una, la de asumirse como soberanías independientes según el supuesto de que vacante el trono español por las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en manos de Napoleón, “los pueblos” reasumían la soberanía que habrían depositado en el monarca. Otra, la de querer unirse con los demás pueblos americanos para organizar una nueva entidad soberana, a la que algunos concebían inicialmente como integrante de la monarquía española y otros como estado independiente.

Así, las ciudades que en 1810 concurrieron a ampliar la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires actuaban de hecho como ciudades estados, cuyos órganos de la soberanía, los cabildos, eligieron sus diputados en calidad de apoderados o procuradores suyos. Más tarde, al organizarse las provincias como estados soberanos, ellos actuarían en calidad de “agentes diplomáticos”, como los que elaboraron en 1831 el Pacto Federal. Al llegar a este punto debemos reparar en que la utilización de términos como los de “estado”, “diputado” o “independencia”, entre otros, suele también resultar anacrónica porque la palabra “estado”, por ejemplo, podía designar entidades con diverso grado de dependencia de otros poderes, un uso que influyó en expresiones como Estados Unidos Mexicanos o Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, como acabamos de señalar, para la mayoría de los pueblos rioplatenses la palabra diputado, tanto en 1810 como en las fallidas iniciativas constitucionales de 1813, 1816, 1824 y 1828, no tenía la acepción actual de representante de una nación sino la de apoderado o procurador de los pueblos que los habían elegido. Y la palabra independencia podía designar situaciones de sólo parcial sujeción de un estado a otro mayor, al punto que para expresar lo que nosotros hoy definimos por ella era necesario utilizar la expresión “independencia absoluta”.

Existen otros términos usados en aquel tiempo que corren el riesgo de ser interpretados anacrónicamente. Pero en los límites de este artículo, quiero abordar otros dos, de crucial importancia para la comprensión de los conflictos de la primera mitad del siglo XIX. Uno de ellos es “nacionalidad”, cuyo actual sentido de fundamento de un estado nacional era entonces inexistente pues sólo se difundiría luego de 1830 con la divulgación del llamado principio de las nacionalidades, propio, por ejemplo, del romanticismo de Echeverría y otras figuras de la generación del 37. En 1810 y durante mucho tiempo más, “hacer una nación” consistía en lograr acuerdos entre las partes –en este caso, las ciudades, luego provincias soberanas– según las normas contractuales propias del derecho de gentes, una de las bases del derecho político de la época, tal como lo explicó en 1825 el presbítero Gorriti, representante de Salta en el congreso constituyente.

El otro de los términos que quiero analizar, el de federalismo, no debe ser comprendido, según explicamos en un artículo anterior, como correspondiente a un estado federal, pues su uso habitual refería a las confederaciones, es decir, a uniones de estados soberanos independientes. Pocos eran los que en aquellos años comprendían la diferencia entre confederaciones y estados federales, confusión que se prolonga todavía hoy en muchos historiadores. Si advertimos así que en 1831 el uso del término federalismo en la mayoría de los líderes políticos del momento refería a las confederaciones, comprenderíamos la magnitud del cambio radical operado en Buenos Aires que, de ser la campeona del unitarismo pasó a ser el bastión del confederacionismo. Ante el riesgo de sucumbir al embate de las otras provincias en la reclamada organización nacional, Buenos Aires la bloqueó refugiándose en su condición de estado soberano, unido sólo por un vínculo confederal a los demás estados rioplatenses, mientras en éstos predominaban élites políticas que, conscientes de la debilidad de sus “provincias”, necesitaban integrarse en un estado mayor pero resistían perder el pleno control de la política local.

Luego de que en 1819 fracasara el intento constitucional iniciado en el Congreso de Tucumán en 1816, la denominada crisis de 1820 –con la dramática escena de tropas del Litoral a punto de ocupar la ciudad de Buenos Aires–, dejó a cada “provincia” en posesión de su soberanía pero dispuestas a otro intento constitucional, el también frustrado Congreso de 1824-1827. El nuevo fracaso las reafirmó como estados soberanos independientes que, con excepción de Buenos Aires, buscarían infructuosamente convocar un nuevo congreso constituyente. Tales iniciativas serían bloqueadas por Rosas con el argumento de que las provincias debían madurar antes de emprender una organización constitucional, criterio compartido por el representante británico en Buenos Aires, Woodbine Parish, quien escribía que la “infortunada” cuestión de la organización constitucional debía ser postergada.

Así como en defensa de sus intereses Buenos Aires condenó a las demás provincias a soportar el librecambio impuesto por el tratado de 1825, fue también en defensa de esos intereses que Rosas enfrentó posteriormente los de Francia y Gran Bretaña que llevaron a los bloqueos del puerto porteño en 1838-1840 y 1845-1850. Pero, si en defensa de sus intereses Buenos Aires vetaba la convocatoria de un nuevo congreso constituyente, ¿cuál era la razón de las posturas pro constitucionales de Ferré, López y otros líderes del Litoral e Interior? Desde aquel entonces hasta hoy la respuesta es conocida. Las provincias necesitaban un estado nacional que permitiera utilizar las rentas de la Aduana de Buenos Aires en beneficio de todas, dado que esas rentas provenían del carácter de puerta de entrada del comercio exterior que abarcaba al conjunto del territorio rioplatense. También reclamaban el control compartido de la navegación de los ríos de la cuenca del Plata y la anulación del tratado de 1825 con Gran Bretaña que imponía el libre comercio y afectaba seriamente el acceso de las producciones del interior al mercado porteño. La postura de Buenos Aires, vinculada a los mismos factores, era en cambio antagónica a la de las provincias pues consideraba su usufructo como expresión de su soberanía y, por lo tanto, sin obligación de compartirlo.

El carácter soberano de las provincias había sido expuesto en diversas oportunidades por ambos bandos. Por ejemplo, Estanislao López encarecía en 1825 a sus diputados al congreso constituyente que reclamaran “la nueva y mejor organización de las Provincias elevándolas a Estados Soberanos […] bajo la libertad e independencia de cada uno.” Y en 1831, Rosas instruía al representante de Buenos Aires en la Liga del Litoral –donde se estaban debatiendo los términos de lo que sería luego el Pacto Federal de 1831–, que sostuviese que la Comisión Representativa de la Liga era “una mera reunión diplomática”, es decir, una reunión de entidades soberanas independientes, postura que fue hecha explícita por el representante de Buenos Aires en el seno de la Comisión.

Hegemonía porteña

A partir de entonces, la preeminencia de Buenos Aires se iría consolidando merced al empleo de su incomparable capacidad financiera y bélica, utilizadas para doblegar posturas inicialmente adversas y aplazar así indefinidamente la organización de un estado nacional. Pero esta política de Buenos Aires sería sostenida no sólo durante el gobierno de Rosas sino también después de su caída. Luego de la batalla de Caseros, el Acuerdo de San Nicolás decidió la convocatoria del congreso constituyente del 53 e impuso la concurrencia de los representantes de las provincias en calidad de diputados de la nación y no de apoderados de sus respectivas soberanías. El Acuerdo fue rechazado por Buenos Aires por considerar que violaba su calidad soberana, postura que fue seguida por su impugnación del congreso constituyente y por su existencia como estado independiente hasta 1860.

Para poder comprender mejor las características del derecho político de la época que fundamentaba la condición de las “provincias” como estados independientes, debe recordarse que también Corrientes y Entre Ríos se afirmaron en tal postura al aliarse en 1851 con el Brasil y Uruguay para constituir el ejército que derrotaría al de Buenos Aires en Caseros. El tratado que establecía la formación del ejército contra Buenos Aires declaraba que Corrientes y Entre Ríos, basados en su condición de estados soberanos, acordaban con la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil, la formación de un ejército para enfrentar al estado de Buenos Aires.

La historia política de la primera mitad del siglo XIX nos muestra entonces una trama de intereses contrapuestos que trabaron durante décadas el proyecto de organizar una nación. La disparidad del potencial económico de Buenos Aires con el resto del Río de la Plata, era uno de los principales factores. En los sucesos posteriores a 1810 fue asimismo determinante la intransigencia política de los partidarios de un estado centralizado, predominantes en Buenos Aires, con la consiguiente demonización del “federalismo”, así como la también intransigente postura de muchas de las demás “provincias” al pretender que la formación de un nuevo estado debía ser hecha con perduración de su plena calidad soberana. En las dos primeras décadas de vida independiente faltó voluntad de compromiso y negociación. Por añadidura, para Buenos Aires, al fracaso de los intentos de dominar políticamente el conjunto rioplatense mediante la erección de un estado centralizado se unió la amenaza proveniente de su propio seno, cuando el presidente Rivadavia intentó expropiarle parte del territorio para hacerlo capital del posible estado nacional. Ante la magnitud de esos riesgos, Buenos Aires adoptó la fórmula confederal que antes había combatido encarnizadamente, con la que contribuiría decisivamente a postergar la organización del estado nacional por más de veinte años.

Por lo que acabamos de exponer, la forma de enfocar las relaciones entre aquellas provincias estados rioplatenses como un conflicto entre “porteños y provincianos”, dificulta la comprensión del entramado político rioplatense de la primera mitad del siglo XIX. No sólo porque en algunas provincias había partidarios del centralismo y en Buenos Aires hubo siempre una corriente federal, abierta o latente, sino también porque sugiere un escenario de celos y rivalidades locales que enmascara la relación política entre esos estados que intentaban unirse tratando de no abdicar su soberanía.

(Los links son agregados por Cartelera de Historia)

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